El consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en funciones, Juan Carlos Ruiz, ha sido citado a declarar en calidad de imputado el marco de la causa en la que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos que fueron destapadas a través de la ‘operación Púnica’, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En concreto, está citado el 22 de junio, en la Audiencia Nacional, a partir de las 10.00 horas, por delito relacionados con la corrupción.

La imputación del consejero en funciones se suma a las de la exidrectora del Instituto de Turismo de Murcia, Mariola Martínez; el ex concejal del PP en Cartagena y exjefe de gabinete del consejero de Industria y Turismo, José Fidel Saura; y la exdirectora del INFO, Reyes Samper, que presentaron su dimisión.

En el marco de esta operación de corrupción se efectuaron también dos detenciones, la del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE); y el exsecretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo.

Cabe recordar que los agentes de la Benemérita habrían intervenido un documento del Instituto de Turismo de la Región sobre un contrato de una cuantía “no muy elevada”.

La trama, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos –PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA–, y no la financiación de sus respectivas formaciones.

La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética.

Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores –los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca–, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.

Las “redes clientelares de tráfico de influencias” desarticuladas en la ‘operación Púnica’, constituidas en torno a Francisco Granados, se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, según el juez Eloy Velasco.

 

EUROPA PRESS