El Consejo Jurídico de la Región de Murcia sostiene que, a pesar de la carencia de un límite de gasto no financiero, formalmente aprobado por el órgano competente, “persiste la obligación del Consejo de Gobierno de aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos y remitirlo a la Asamblea, formulándolo de acuerdo con las cifras que resultan del cálculo del límite de gasto tal como se regula en la LOESP”.

Una obligación, añade en el dictamen, “que no puede considerarse desplazada siempre y cuando su cumplimiento se ajuste a tal cifra”, aspecto sobre el que el Consejo Jurídico no se pronuncia por quedar fuera de su competencia.

Así se pronuncia tras examinar el expediente remitido en petición de consulta por la Secretaria General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ante la negativa de la oposición de aprobar el techo de gasto propuesto por el Gobierno murciano en la Asamblea Regional.

De los artículos 154.3 y 156 e) RAR se desprende que, una vez que resultara fijada la cuantía global de los estados de los presupuestos por el Pleno de la Cámara, “se entendería implícitamente aprobado el límite máximo de gasto no financiero a que se refiere el artículo 30 LOESP”.

La aprobación por la Asamblea Regional de la Ley de Presupuestos Generales, con el límite material que implica el límite de gasto no financiero, “permitiría convalidar las posibles insuficiencias procedimentales”, siempre, apunta el Consejero Jurídico de la Región de Murcia, que la materialidad del contenido de la Ley se ajuste a la LOESP.

En sus consideraciones, el Consejo Jurídico sostiene que la competencia del Consejo de Gobierno de aprobar el Proyecto de ley de Presupuestos Generales y remitirlo a la Asamblea Regional es “irrenunciable”, ya que “los órganos institucionales autonómicos no pueden hacer dejación de las funciones que tienen estatutaria y legalmente atribuidas”.

Asimismo señala que se responde a “los fundamentos y requerimientos materiales a los que debe atenerse el presupuesto general autonómico a la hora de ser formulado”, con lo cual “cumpliría en lo sustancial con las obligaciones que imponen los ordenamientos estatal y europeo en cuanto a la estabilidad presupuestaria”.

En cuanto a la tramitación parlamentaria, el Consejo Jurídico recuerda que la regulación del procedimiento para el ejercicio de la función presupuestaria se contiene en el capítulo IV del Título VI del RAR, dedicado a regular los procedimientos especiales relacionados con la función legislativa, que comprende los artículos 151 a 156.

Aunque el propio RAR dispone que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma será debatido y aprobado conforme al procedimiento legislativo ordinario, también establece previsiones específicas como la preferencia absoluta sobre los demás trabajos de la Asamblea Regional y que el calendario para su tramitación será establecido por la Junta de Portavoces.

También como especialidad propia de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos destaca que se celebra, en cualquier caso, aunque no se hayan presentado enmiendas de ese carácter, un debate de totalidad en el Pleno de la Asamblea Regional con carácter previo a que la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, que es la competente por razón de la materia, comience los trabajos de debate y aprobación de las enmiendas parciales que se puedan presentar.

En este debate de totalidad, hace hincapié el Consejo en su dictamen, se deben sustanciar distintos aspectos del procedimiento legislativo especial, pero, además, en ese debate de totalidad debe quedar fijada la cuantía global de los estados de los presupuestos, según indica el artículo 154.3 RAR.

Seguido el procedimiento reglamentario, y una vez que resulte aprobado el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto en el Pleno de la Cámara, se entenderán implícitamente aprobadas las cuantías del estado de autorización de gastos y del estado de previsión de ingresos, que reflejan los datos cifrados de los gastos autorizados y de los ingresos previstos.

“Ello conlleva como consecuencia que en ese momento haya de entenderse implícitamente aprobado el límite de gasto no financiero, al tratarse de un pronunciamiento del mismo órgano que tiene atribuida esa competencia, y sobre la cuantía global del presupuesto, que encierra en sí el límite de gasto expresado”, subraya el Consejo Jurídico.

Con lo que concluye que la aprobación por la Asamblea Regional de la Ley de Presupuestos Generales, con el límite material que implica el límite de gasto no financiero, “permitiría convalidar las posibles insuficiencias procedimentales, siempre que la materialidad del contenido de la Ley se ajuste a la LOESP, que es como decir que se ajuste a la CE”.

EUROPA PRESS