El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso que presentaron seis sindicatos. La resolución recuerda que los conciertos educativos, aprobados en marzo de 2017 por el Gobierno regional para los cursos 2017-2018 y 2022-2023, tienen una base constitucional y un marco legal y señala que los aprobados por la Consejería ni crean ni autorizan nuevas unidades educativas.  El 30 por ciento de los alumnos de la Región estudia en colegios concertados.