El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, ha reconocido que “no suelen residir las grandes fortunas en provincias intermedias como la de Murcia”, por lo que, en principio, no habría muchas personas en la Comunidad con capacidad económica potencial suficiente para tener cuentas en paraísos fiscales.

Aunque Mollinedo no se ha atrevido a decir qué personas de la Región de Murcia pueden tener dinero o patrimonio en sociedades ‘offshore’, explica que las grandes fortunas se suelen localizar normalmente en las grandes capitales, donde tienen sus sedes las grandes compañías.

En este sentido, explica que las grandes fortunas suelen serlo por tener un paquete de acciones que dan derecho a sentarse en los consejos de administración de grandes compañías, que es de donde obtienen la principal fuente de ingresos. Y estas grandes compañías suelen estar radicadas en Madrid o Barcelona, así como en otras capitales importantes como Valencia, Sevilla o Bilbao.

“Hay que pensar que quien lleva dinero a un paraíso fiscal no es un autónomo ni una pequeña empresa que pueda evadir 250.000 o 300.000 euros, porque ese dinero se puede consumir localmente repartiéndolo entre los socios o con estrategias como comprando un piso y escriturándolo a un precio inferior al realmente pagado”, ha señalado. De hecho, Mollinedo explica que “existen multitud de fórmulas domésticas para ocultar ese dinero procedente de la evasión tributaria”.

No siempre tratan de evadir al fico

Mollinedo ha explicado que el único estudio disponible sobre esta cuestión es del economista francés Gabriel Zuckman que tasó en 166.000 millones el patrimonio de españoles en paraísos fiscales, de los cuales 144.000 millones están ocultos, aunque ha puntualizado que Gestha no hace propias esas estimaciones.

El secretario general de Gestha ha explicado que este tipo de sociedades “pretende evitar la responsabilidad tributaria o penal que puede acarrear a los titulares el detentar ese patrimonio”. Entre otras posibilidades, recurrirían a estas sociedades ‘offshore’ para ocultar el origen del patrimonio si su origen es ilícito. En estos casos, el mayor volumen de fondos procede del narcotráfico, seguido del tráfico de armas y de las redes de la prostitución.

Otra posibilidad es tratar de eludir las responsabilidades tributarias derivadas de detentar esa renta o patrimonio de origen lícito. Sería el caso de los “artistas o deportistas” que sitúan en esos paraísos fiscales empresas que gestionan sus derechos de imagen o de autor con la finalidad de no tributar en los países en los que residen.

Además de estas sociedades que generan renta, también hay sociedades patrimoniales, es decir, las que tienen cuentas abiertas en un país, habitualmente diferente a la nación en la que está radicada la sociedad ‘offshore’ con el fin de conseguir una mayor “opacidad” respecto a los bienes.

Y además “no solo se oculta por razones tributarias, sino que también puede haber casos de litigios entre socios, demandas de particulares o familiares, como en separaciones matrimoniales en los que interesa esconder información patrimonial para evitar que el titular tenga una merma significativa en su patrimonio, si no hay una cláusula matrimonial que determine los términos de la ruptura”.

Igualmente, este tipo de sociedades, fundaciones o cuentas se usan para gestionar herencias “sin someterse a tributación”, según Mollinedo, quien explica que también se pueden usar estas cuentas “para blanquear los rendimientos tanto de operaciones procedentes de negocios lícitos –actividades comerciales no declaradas– como de actividades ilícitas”.

No obstante, ha celebrado que las normas internacionales para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo “están tratando de limitar esa forma de actuar a través de entramados societarios, aunque queda mucho por hacer”. A este respecto, ha puesto como ejemplo el caso del recientemente detenido Mario Conde.

Mollinedo ha señalado que no todas las cuentas radicadas en países como Panamá son ilegales, sino que algunas son declaradas en los países de residencia de los propietarios. Este tipo de cuentas, por ejemplo, pueden tener sentido si la persona mantiene relaciones comerciales con empresas de terceros países que prefieren operar desde esos paraísos fiscales.

Posibles soluciones

Finalmente, Mollinedo ha lamentado que, mientras que no exista un intercambio automático de información de los registros de la propiedad y mercantil o de las cuentas detectadas en paraísos fiscales, “es difícil que este tipo de prácticas puedan aflorar”.

Hasta ahora, la Administración tributaria estatal no ha sido “demasiado expeditiva” en los casos que han aflorado, como el de las cuentas opacas en los bancos LGT de Liechtenstein en 2008, o en el banco HSBC de Suiza que dio lugar a la aparición de la denominada ‘lista Falciani’ en 2010, y los denominados ‘Papeles de Panamá’ de un despacho de abogados en este momento.

Por ejemplo, en el caso de la ‘lista Falciani’, lamenta que la actuación de la Agencia Tributaria se demoró tanto que dio una segunda oportunidad a los supuestos defraudadores para que presentaran declaraciones complementarias antes de abrirles una inspección tres meses después, y “la mayoría evitó las condenas por los delitos fiscales que habrían cometido”.

Ha citado el caso de la familia Botín, que con unas declaraciones complementarias de 200 millones de euros “evitaron las condenas y las multas” debido a una actuación “inapropiada de la AEAT, ya que había indicios muy sólidos de evasión”.

Lamentablemente, esta actuación benévola de la AEAT en 2010 con centenares de grandes fortunas descubiertas en flagrante de evasión, obligó a Gestha a presentar una querella por presunta prevaricación contra los entonces directores de Inspección y de Gestión de la AEAT que ha sido finalmente admitida a trámite y se está instruyendo en un juzgado de Madrid.

Mollinedo recuerda que en 2008 en el caso del banco LGT de Liechtenstein “durante cuatro meses solo se hizo una investigación” y casi todos los afectados pudieron presentar una declaración complementaria, por la cual eludieron la responsabilidad.

A este respecto, ha aclarado las diferencias entre abrir una ‘investigación’ o una ‘inspección’, porque la primera no impide que los investigados eviten las sanciones tributarias o la condena por delito contra la Hacienda Pública si presentan una declaración complementaria antes de abrir una inspección o de la denuncia de la Fiscalía. En cambio, si se notifica el inicio de una inspección, cualquier declaración complementaria que se presente con posterioridad no produce los efectos liberatorios de la responsabilidad del evasor.

A partir de 2013, la ley considera que no prescriben los bienes en el extranjero de quien no los haya declarado, y si presentan complementarias el valor total del patrimonio aflorado se somete a tributación en la tarifa progresiva del impuesto de la renta del último año no prescrito -en general el año 2011, a esta fecha-, como una ganancia patrimonial no justificada. Fue el caso de las complementarias de la familia Pujol en julio de 2014 antes de que llegara a la Audiencia Nacional la información de las cuentas en Andorra y Suiza, aunque tuvieron que pagar con creces el montante defraudado. “Es una opción que desde 2013 sale muy cara”, puntualiza.

Con todo, Gestha es partidaria de que se inicien las inspecciones inmediatamente para que los evasores asuman responsabilidades “con sanciones o con la aplicación de delitos fiscales”, por lo que ha asegurado que estarán “vigilantes y atentos” a la actuación del Ministerio de Hacienda en el caso de los ‘Papeles de Panamá’ para que la AEAT no permita nuevamente espacios de impunidad, ni siquiera temporalmente.

EUROPA PRESS