La Guardia Civil, gracias a la colaboración de las asociaciones EQUINAC, ANDEL y ASPAC, y en el marco del ‘Plan Anual de Actividades de Inspección y Vigilancia Pesquera’, ha desarrollado la operación ‘MÁXIMUS’, una investigación dirigida a esclarecer la supuesta captura y comercialización ilícita de un tiburón peregrino en Cartagena, que se ha saldado con la imputación de seis personas como presuntos autores de delito relativo a la protección de la flora y la fauna.

A finales de julio, las organizaciones no gubernamentales EQUINAC, ANDEL y ASPAC contactaron con la Guardia Civil para informar de la supuesta pesca ilícita de un espécimen de tiburón peregrino –Cetorhinus máximus–, y su posterior despiece en las instalaciones de la Lonja de Cartagena, por lo que se inició una investigación para verificar la información recibida y, en su caso, esclarecer los hechos delictivos.

Fruto de la información obtenida durante la investigación y tras constatar la veracidad de los hechos, la Benemérita ha identificado a seis personas –el autor de la captura, tres pescadores que participaron en el despiece del animal y dos empleados de la Lonja de Cartagena– por lo que tras su localización han sido imputados como presuntos autores de delito relativo a la protección de la flora y la fauna.

Según se desprende de la investigación, el objetivo de los implicados no era otro que el beneficio económico obtenido al vender la pieza capturada por pequeñas partidas en los restaurantes de la zona como si fuese cazón, otro espécimen de la familia de los tiburones que es comercializado en diferentes locales como tapa típica.

Otro aspecto de gran importancia resulta el inexistente control sanitario sobre el tiburón capturado dado que, aunque las operaciones de manipulación de éste se llevaron a cabo en instalaciones de la lonja, no se realizaron las obligadas comprobaciones sanitarias por parte de un facultativo, lo que genera un riesgo para la salud de los futuros consumidores.

Los seis imputados –españoles, con edades comprendidas entre los 32 y los 76 años–, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Cartagena y de la Fiscalía de Medio Ambiente de Murcia.

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