La Policial Nacional desmantela una organización que explotaba sexualmente a mujeres en un chalet de lujo en Molina de Segura. 13 personas de distinta nacionalidad han sido detenidas. Las víctimas eran sometidas a condiciones abusivas, detrayéndoles gran parte de sus ganancias e imponiéndoles multas si incumplían las normas. Habían creado un entramado empresarial con objeto de ‘lavar’ sus ganancias a través de locales de ocio y discotecas situadas en la provincia de Alicante.

Según informa el Cuerpo, a los arrestados se les imputan además delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal, quebrantamiento de medida cautelar, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal

Los detenidos son de edades comprendidas entre los 25 y los 60 años -uno de nacionalidad francesa, ocho colombianos y cuatro españoles-, presuntos autores de delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal, quebrantamiento de medida cautelar, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Las investigaciones se iniciaron a partir de una denuncia presentada el pasado año, en la que se daba cuenta de las condiciones abusivas a las que estaban siendo sometidas un grupo de mujeres que ejercían la prostitución. Desde el inicio, las pesquisas se centraron en las actividades desarrolladas en el chalet, ubicado en una zona residencial de esa localidad -rodeado de un alto vallado, con el fin de garantizar el anonimato de la clientela-, utilizado como prostíbulo.

Los agentes identificaron a los responsables de este local y comprobaron que además de dedicarse a la explotación sexual de mujeres, contaban con numerosos antecedentes policiales por traficar con drogas, conformando así una organización criminal dedicada tanto al tráfico de sustancias estupefacientes como a la prostitución. Las indagaciones también permitieron a los agentes averiguar que la organización blanqueaba los ingresos de naturaleza ilícita a través de un entramado de empresas -locales de ocio y discotecas situadas en la provincia de Alicante-.

Durante la investigación los policías también pudieron constatar que los miembros de la organización sometían a las mujeres a jornadas intensivas y abusivas, reteniendo a todas ellas porcentajes muy elevados de cada uno de los servicios sexuales realizados. A esto había que añadir otras detracciones por alojamiento, limpieza, “multas” por incumplimiento de normas. Por estos motivos, las víctimas al no poseer medios económicos con los que mantenerse ni para poder salir de esa situación, vivían en un estado de necesidad que las hacía totalmente dependientes de sus proxenetas.