Vigilantes de seguridad, escoltas y guardias rurales aseguran que el sector de la seguridad privada atraviesa por uno de los peores momentos de su vida. El vicepresidente de la asociación Marea Negra, José Antonio Carbonell, ha explicado que en la Región hay 2.500 vigilantes titulados, con un índice de desempleo del 70 %.

Carbonell afirma que el gremio de la seguridad padece ataques continuados por organismos y partidos. Y dice que ni el propio Ministerio del Interior lo respeta. Le pide a Interior que devuelva a los profesionales el carácter de agentes de la autoridad, entre otras razones debido a la alerta terrorista.

Dicen que tienen medios de defensa prehistóricos, que los vigilantes de seguridad privada no pueden proteger a la ciudadanía. Y denuncian que cada día es más habitual que los suplanten personas que no cumplen con los requisitos exigidos por el Ministerio.